Impulsado por el Instituto de Extensión de la Universidad Nacional de Villa María, bajo la coordinación de la Licenciada en Ciencias de la Comunicación Claudia Ceballos, el proyecto “Comunicación para la inclusión” cumplió una década septiembre de 2019.

La escuela en contextos de encierro funciona a modo de una institución dentro de otra y supone conjugar prácticas y marcos normativos entre el sistema penitenciario y el sistema educativo con lógicas de funcionamiento diferentes.

Por un lado, en el primero prima la lógica del castigo y el disciplinamiento, fundante del derecho penal y las prisiones y en el segundo, la lógica del desarrollo integral de los sujetos, fundante de la educación.

Reinserción

Francisco Scarfó, pedagogo especializado en educación en contexto de encierro, explicó que “lo más valioso es haberlo sostenido durante ese tiempo con todos los obstáculos y vallas que muchas veces hay cuando uno lleva adelante iniciativas educativas en contextos de privación de la libertad, porque las dinámicas, las lógicas, los momentos y las oportunidades, tanto de la universidad como de la cárcel, a veces no se encuentran todas alineadas”.

En oportunidades, suele estar en foco la actividad de las extensiones universitarias, de su labor y llegada a la sociedad. En esta ocasión va transcurriendo la primera década y la propuesta continúa con el mismo entusiasmo que tenía en sus comienzos.

“Es muy valioso, lo que tiene de bueno cuando la universidad llega a la cárcel es que es un actor más que hace que la cárcel, su dinámica, se mueva y se mueva de otra manera; es la presencia de una institución autárquica, de una institución pública, un ojo más que entra a la cárcel y a su vez también, ofreciendo una cuestión que de por sí genera impacto en las personas privadas de la libertad, impacto de poder pensar su vida, sus recuerdos, ver cómo está su presente y  proyectar su futuro”, aseguro Scarfó.

Ruidos sociales

Es vital en una época en que se cuestiona que la persona privada de libertada perciba un salario, tenga educación y se pretenda la garantía de sus derechos.

“Siempre las sociedades tenemos esta cuestión de buscar, no digo un enemigo, pero si a quien recibe algo que uno no recibe y esa contienda siempre está. En el caso de los privados de la libertad se le agrega la cuestión de la traición a la ley, como ellos van a recibir y nosotros no o por qué lo reciben ellos, cuál es la razón”, afirmó el pedagogo.

Y agregó: “Justamente lo es porque es una persona que esta privada de la libertad, no es un privado de la libertad, es una persona que está privada de la libertad, eso cambia la lógica de pensar en un preso solamente y por ser persona le corresponde el acceso a la educación, es un derecho humano y le corresponde como a cualquier otra persona de la sociedad”.

Para que la vuelta a la sociedad no sea otra condena

“Hay que buscar como sociedad las condiciones para que esas personas se puedan volver a religar con la sociedad y puedan reducir su situación de vulnerabilidad que fue la que los hizo cometer ese delito”, dijo Scarfó.

Quizás habría preparar así la sociedad, cuando una persona recupera su libertad, cuando sale de la cárcel o de un neurosiquiátrico, si no se le garantizan posibilidades mínimas es muy probable que reincida en el delito.

Así, explicó Scarfó: “la sociedad civil y el estado deben dar pautas y proyectos para que esa vuelta a la sociedad no sea otra condena más, bastante uno pasa en la cárcel y después cuando salís tenés que enfrentar toda una situación de estigmatización, de discriminación, de soledad”.

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