Tenemos Ley Yolanda, tenemos Ley de Educación Ambiental ¿Y ahora?

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Escribe: Luis Enrique Tuninetti (Lic en Enseñanza de las Ciencias Ambientales. Magister en Evaluaciones de Impacto Ambiental. Doctorando en Ciencias Sociales. Profesor de la Lic. en Ambiente y Energías Renovables -UNVM-. Dtor. Proyecto de Investigación “Condiciones Climáticas en las dimensiones territoriales de la región del conglomerado Villa María-Villa Nueva”. Coordinador del “Observatorio Regional de Cambio Climático” -UNVM-. Coordinador Administrativo del “Centro de Estudios Ordenamiento Ambiental del Territorial” -UNVM-).

Año 1995, comenzaba mi involucración en la temática ambiental en la entonces Funeca (Fundación para la Educación y la Conciencia Ambiental) dirigida en ese entonces por José Luis Hernández, quien de paso, considero que debería ser más reconocido como el impulsor del movimiento ambiental villamariense.
Siguiendo con mi relato, desde ese tiempo he pasado por unos 20 años de activista ambiental, 10 en el sector académico y 5 como investigador con un breve paso por el sector privado, en todos estos años he dado decenas, muchas decenas de charlas de educación ambiental y siempre resuena la frase “El futuro será mejor porque las nuevas generaciones serán más conscientes de la temática”, van más de 25 años y prácticamente todo parámetro ambiental que tomemos está peor.
El año pasado se sancionaba la denominada Ley Yolanda y hace semanas también la Ley de Educación Ambiental, dos leyes emparentadas en sus objetivos que alegraron a muchos y fue tomada con escepticismo por otros. La primera tiene por objetivo establecer capacitaciones en materia ambiental para las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación, con perspectiva de desarrollo sostenible y cambio climático. La segunda, la Ley de Educación Ambiental, tiene como objetivos principales elaborar y diseñar políticas nacionales y orientar políticas jurisdiccionales; crear estrategias y acciones de educación ambiental; generar consensos sociales para establecer acuerdos temáticos y prioridades.
Dos leyes que en principio tienen el más noble objetivo aunque puede transformarse en “espejitos de colores” ¿Por qué?

Primer motivo: los contenidos

El contenido de la Ley de Educación Ambiental será llevado adelante por la “Estrategia Nacional de Educación Ambiental” en la que trabajarán conjuntamente el Ministerio de Educación y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, el Consejo Federal de Educación (CFE) y el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) en el que participan todas las provincias. Si bien en el texto de la ley deja explicito que uno de los propósitos es “fomentar una actitud crítica”, no me imagino a las provincias patagónicas y de Cuyo siendo críticas al extractivismo minero, tampoco proyecto una educación ambiental crítica al modelo agrario industrial y voraz por parte de las provincias pampeanas, eso por solo citar un ejemplo.

Con la Ley Yolanda pasa igual, posiblemente sea benéfico para instituciones autárquicas del estado y a nivel de localidades que adhieran y lleven adelante capacitaciones, porque verdaderamente hay una carencia muy grande de la perspectiva ambiental en muchas localidades; ¿pero a nivel nacional o provinciales? ¿Acaso alguien puede suponer que al gabinete nacional le van a capacitar en los múltiples impactos negativos que tiene el fracking? ¿Capacitarán en la Provincia de Córdoba sobre la ganadería industrial que propone como modelo la misma provincia en el norte y que está diezmando el poco bosque que queda o sobre la expansión urbanística que también impacta en los ecosistemas y que a su vez es impulsada por organismos públicos provinciales?
Esto, por solo citar ejemplos puntuales, pero podríamos hacer una larga lista.
Déjenme dudar.

Segundo motivo: desvío del foco de atención

Los distintos niveles estatales pueden llevar adelante estas dos leyes perfectamente con temas “ligth”, que no molesten a los grandes intereses económicos y lógicamente lo estarán cumpliendo.

De esta manera se “muestra” un Estado preocupado por la cuestión ambiental y mientras tanto seguimos poniendo cifras multimillonarias en energías no renovables, sin generar mecanismos de licencia social verdaderos para emprendimientos polémicos o priorizando la entrada de divisas a costa de ecosistemas.

Históricamente, por otro lado, cuando se aborda la educación ambiental (hasta este momento de manera informal) lo que resuena es “¿Y qué podemos hacer nosotros?” entonces ahí los especialistas desplegamos una artillería mas o menos variada de acciones que todos deberíamos tener en cuenta en la vida cotidiana, de esta manera la educación ambiental suele poner el foco en las acciones individuales. Y aquí de nuevo… no nos alcanza. ¿Por qué?

Son los Estados los que tienen las verdaderas herramientas para cambiar la situación, pero lamentablemente parece un horizonte muy lejano. Podemos apagar las luces cuando no son empleadas, podemos andar en bici para no emitir CO2, podemos hacer tantas cosas, pero sirve de poco cuando a nivel internacional se subvenciona a las energías fósiles 5 a 1 de las renovables. Si, por cada dólar que los estados “invierten” en fomentar renovables, gastan 5 en impulsar o apoyar las energías derivadas del petróleo que nos llevan invariablemente al colapso climático.

En Argentina pasa más o menos lo mismo o más acentuado, como todo país en vías de desarrollo, según un análisis de la FARN (Fundación Ambiente y Recursos Naturales) sobre el presupuesto 2021 las partidas compatibles con el cuidado ambiental representan el 0,5% de los gastos presupuestados, mientras que aquellas contrarias alcanzan al 8,2%.

Conclusiones

Podemos tener leyes muy lindas de educación ambiental y de “sensibilización” a los funcionarios públicos que, si no logramos cambiar los paradigmas imperantes, difícilmente podremos lograr algo real, son apenas bayaspirinas para un enfermo de cáncer, de ahí mi falta de entusiasmo.

Con todo lo antes dicho podría interpretarse que estoy en contra de ambas leyes, todo lo contrario, debemos llevarlas adelante como cualquier otra herramienta disponible, pero no debemos perder de vista que la verdadera transformación está en el campo, apoyando y participando de las organizaciones sociales, en el terreno. Debemos educar, debemos adoptar comportamientos amigables con el planeta, pero por, sobre todo, exigirle a nuestros gobernantes verdadera participación ciudadana y acciones que no vayan en contra de nuestra propia supervivencia.

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